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5 de julio de 2019

El editorial de ABC Color sobre el caso Ingavi

En su edición de ayer, el diario ABC Color dedicó su editorial al caso Ingavi. La columna lleva por título: “Peligrosa autorización que puede contaminar el arroyo San Lorenzo”.

Fachada del Hospital Ingavi./ Gentileza.

Esta semana salió a la luz que el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), erigido en Fernando de la Mora a un costo de más de 42.000 millones de guaraníes, no podía prestar servicios por carecer de un desagüe cloacal. El director de Infraestructura del IPS, Gustavo Masi, se quejó de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) incumple su compromiso de instalar una planta de tratamiento en San Lorenzo, cuya construcción demandaría al menos dos años. El mismo día, esta cartera informó haber pedido al de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), dirigido por Ariel Oviedo, “la autorización para el vertido de las aguas servidas pretratadas del mencionado hospital al arroyo San Lorenzo”, solicitud que fue desestimada. El MOPC, sin embargo, se lavó las manos señalando que “esto es responsabilidad de la entidad en cuestión”, o sea, del IPS, mientras que la Essap debería prestar y operar el sistema de alcantarillado. No obstante, destacó que en una reunión entre representantes del IPS, del Mades y del MOPC “se llegó al acuerdo y solución que IPS debe presentar un ajuste de su licencia ambiental”.

En este estado de cosas, el mencionado director de Infraestructura precisó que se dispuso que la entidad previsional entregue al Mades un análisis de la salubridad del agua que arroja la vieja Clínica Ingavi, para que el nuevo hospital en desuso pueda conectarse “en forma provisoria” al sistema de desagüe existente, que desemboca en el citado arroyo que, a su vez, lo hace en el lago Ypacaraí. El carácter temporal se mantendrá hasta tanto el MOPC termine la construcción de una planta de tratamiento, paralizada desde hace más de un año. Cuesta creer tanta negligencia y falta de coordinación entre instituciones del Estado en torno a un proyecto de suma importancia, como lo es un hospital.

En verdad, este compendio de torpezas, que ponen en serio riesgo la salud pública, sería un coletazo más del chapucero proyecto del metrobús, si es cierto que el MOPC se obligó a realizar dicha obra en el seno de “una comisión que manejaba todo” lo relativo a ese fallido engendro. Lo dijo el director de Infraestructura del IPS y lo negó el MOPC. Si es cierto, se prosiguió la construcción de un costoso hospital, de indudable necesidad, confiando en que el ministerio haría honor a la palabra empeñada cuando estaba encabezado por Ramón Jiménez Gaona. Para escapar del entuerto, los órganos implicados en este bochornoso asunto, entre los que increíblemente nunca figuró la Essap, han acordado una salida temporal, que dista mucho de ser satisfactoria. Al contrario, podría constituir una grave amenaza a ciertos recursos hídricos y, por extensión, a la calidad de vida.

Aparentemente, para lograr un permiso provisorio, el IPS deberá demostrar al Mades la inocuidad del agua servida de la Clínica Ingavi, cuyo pozo ciego hoy no da abasto. De entrada, se plantea la pregunta de si sería racional comparar el resultado de un análisis de las aguas derivadas de una clínica con el de las que provengan en el futuro de un gran hospital. Es obvio que el obtenido para la primera no puede valer para el segundo, aunque ambos establecimientos sanitarios tengan un mismo dueño. Si ello fuera posible, podría preguntarse qué tan necesario sería entonces que el MOPC termine alguna vez de levantar la planta de tratamiento.

Otro aspecto cuestionable en este asunto tiene que ver con la confiabilidad. En efecto, ¿habría que creer ciegamente en que un estudio realizado o contratado por el IPS se ajustará siempre a la verdad, considerando los escándalos que están saliendo allí a la luz, y que caracterizan desde hace décadas a esa institución?

La Ley N° 3239/07 no se ocupa del permiso “provisorio” que se pretende para el IPS, para verter sus líquidos en el arroyo San Lorenzo. En consecuencia, no puede ser concedido. Claro que urge descongestionar el Hospital Central del IPS, pero no a costa de la ley ni de la salud de la población. Es inadmisible tratar de corregir una barrabasada mediante otra de tanto o mayor calibre, de imprevisibles consecuencias para el ambiente y la salud de la población, más aún atendiendo la toxicidad de los residuos hospitalarios que puedan contener las aguas servidas.

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