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25 de agosto de 2020

Poner fin a la mafia del mercado

[Editorial] Mejor no pudo definir una dirigente social al esquema corrupto que tiene secuestrado al Mercado Central de San Lorenzo: “Mafia”. Por supuesto que esta situación no es nueva, lo venimos arrastrando desde hace tiempo y a pesar de los sucesos como el incendio del año 2015, a nadie le importó reorganizar en términos institucionales. Hoy estamos en el debate de recuperar los puestos de manos de personas inescrupulosas con la aparente complicidad de funcionarios. Para avanzar es importante que los concejales tomen en serio este tema, pues hasta aquí han hecho muy poco.



Mejor no pudo definir una dirigente social al esquema corrupto que tiene secuestrado al Mercado Central de San Lorenzo: “Mafia”, puesto que un grupo de personas consiguió el dominio de los puestos y la explotación indiscriminada de las máquinas tragamonedas a través de la violación de las ordenanzas con la aparente complicidad de funcionarios.

Por supuesto que esta situación no es nueva, lo venimos arrastrando desde tiempos inmemoriales, y a pesar de que por poco un incendio termina en una tragedia (2015), ninguno de nuestros políticos que estuvieron al frente de la municipalidad hizo lo que corresponde, desde intendentes hasta concejales: reorganizar en términos institucionales.

Eso sin mencionar la creciente ocupación de las veredas y calles, que si bien es un tema aparte, es inevitable dejar de mencionar por obvias razones.

Ahora nuevamente gracias a la intervención del grupo Contralores de San Lorenzo que sigue denunciando a un grupo de personas inescrupulosas, entre ellos a un empresario de tragamonedas y una trabajadora del lugar, Diego Mesa y Zully Benítez, respectivamente, negociar con los puestos de forma irregular por alrededor de un millón quinientos, cuando que el canon diario es apenas de tres mil guaraníes.

Según las denuncias, esta última es la principal operadora, conocida como “ña Chama”, miembro del grupo Defensores de San Lorenzo, a quien acusaron de boicotear el censo y de agredir a funcionarias municipales el pasado 4 de agosto. Ambos casos fueron publicados por nuestro diario digital.

Cabe recordar que el objetivo del censo es regularizar la situación de aproximadamente 500 puestos.

Muy a pesar de la escandalosa situación, las autoridades se han limitado a acciones poco convincentes y a desentendimientos muy llamativos, además de, la dudosa desinformación del intendente Alcibíades Quiñonez, quien desconoció en una radio local el caso del censo, y como si fuera poco, tiró la pelota a la Junta Municipal.

Es momento de poner fin a la “mafia” del mercado, para ello urge retomar el censo y así eliminar el "negocio del sub alquiler".

En ese contexto, es importante que los concejales tomen en serio este tema, aprobando una nueva ordenanza que regule esa situación. Está en sus manos dar una solución definitiva.


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